Por Joaquín Quiroz Cervantes
En unas horas, Roberto Borge Angulo podría estar cruzando una puerta que durante años pareció cerrada con doble llave: la de la prisión.
No necesariamente porque la justicia haya terminado de hablar, sino porque una parte importante del andamiaje acusatorio construido en su contra empieza a mostrar grietas demasiado visibles para seguir sosteniéndose con discursos, rencores y venganzas políticas.
El exgobernador de Quintana Roo, recluido desde 2017 en el estado de Morelos, estaría cerca de continuar su proceso fuera del penal, luego de que la justicia federal desechara imputaciones vinculadas con delincuencia organizada, una de las cartas más duras que se jugaron en su contra durante el gobierno de Carlos Joaquín González, el mismo “Chespirito” que hoy despacha como embajador de México en Canadá y que para muchos quintanarroenses será recordado no por su grandeza política, sino por la grisura, la revancha y el uso faccioso del poder.
Porque una cosa es perseguir la corrupción y otra muy distinta es fabricar narrativas penales para vestir de justicia lo que en realidad olía a vendetta.
En el caso Borge, el gobierno joaquinista quiso colocarle encima el traje de delincuencia organizada, no sólo para exhibirlo, sino para hundirlo procesalmente.
Sin embargo, los expedientes no se sostienen con coraje político ni con conferencias de prensa: se sostienen con pruebas. Y cuando las pruebas no alcanzan, los montajes se desmoronan.
Hoy el escenario cambia. Si Borge deja la prisión, no significa que todos sus asuntos jurídicos estén concluidos, pero sí que la estrategia más agresiva para mantenerlo encerrado habría perdido fuerza.
Quedaría viva la carpeta por operaciones con recursos de procedencia ilícita, una investigación que nació en tiempos de Carlos Joaquín y que, según voces cercanas al proceso, fue armada con más prisa política que rigor jurídico.
Ahí está el punto de fondo: durante años se vendió la idea de que el borgismo era el gran demonio que debía explicar todos los males de Quintana Roo. Carlos Joaquín construyó buena parte de su relato político sobre esa persecución. Necesitaba enemigos, necesitaba culpables, necesitaba distraer de su propia incapacidad para gobernar con resultados. Y encontró en Borge el blanco perfecto.
Pero el tiempo suele ser cruel con los gobiernos mediocres. La justicia federal ha ido dejando claro que no todo lo que se imputó tenía la solidez que presumían. Varios señalamientos contra personajes del borgismo terminaron cayéndose, debilitándose o exhibiendo una falta de sustento que confirma lo que muchos advirtieron desde el principio: hubo más cálculo político que técnica jurídica.
Carlos Joaquín, hoy incrustado en la diplomacia mexicana y vinculado al llamado grupo Tabasco, carga todavía con el saldo de una administración que persiguió más de lo que construyó, que castigó más de lo que resolvió y que dejó a Quintana Roo atrapado en pleitos de élite mientras los grandes problemas sociales crecían sin respuesta.
La posible salida de Roberto Borge del penal no borra su historia ni cancela los procesos que aún existan en su contra. Pero sí obliga a revisar con seriedad el uso político de la justicia en Quintana Roo. Porque cuando un expediente se arma desde el rencor, tarde o temprano se le notan las costuras.
Y si en las próximas horas Borge Angulo abandona la prisión para enfrentar en libertad la última carpeta que pesa sobre él, el golpe no será únicamente jurídico.
Será también político. Será una bofetada al relato de Carlos Joaquín. Una más. Tal vez la más incómoda.
Porque la justicia tarda, sí. Pero cuando llega, también desnuda venganzas.
