Por: Joaquín Quiroz
La política suele ser pródiga en ilusiones y escasa en realidades jurídicas. Conforme se acerca la definición de quien encabezará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo —sea Eugenio Segura Vázquez o Ana Paty Peralta de la Peña— comienzan a desatarse las legítimas aspiraciones de quienes buscan gobernar alguno de los once municipios del estado.
Sin embargo, conviene hacer una precisión elemental: en materia electoral no basta con querer, tampoco con tener padrinos políticos. La ley, al final, es la que decide quién puede y quién no.
Y es ahí donde muchos comienzan a construir castillos en el aire.
El sistema electoral mexicano dejó de ser, hace tiempo, un simple reparto de candidaturas.
Hoy está sujeto a principios constitucionales de paridad de género, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, inclusión y competitividad, previstos en los artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Federal; desarrollados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la legislación electoral de Quintana Roo y, sobre todo, por la vasta jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No se trata de recomendaciones. Son obligaciones.
Por ello, más allá de negociaciones políticas, acuerdos de grupo o cercanías con quienes toman las decisiones, Morena y sus aliados deberán construir una distribución de candidaturas que resista cualquier impugnación jurídica.
La experiencia ha demostrado que candidaturas aparentemente firmes terminan desplomándose cuando no cumplen con los criterios de paridad, competitividad o acciones afirmativas.
Una demanda bien planteada y jurídicamente fundada puede derribar una postulación en cuestión de días. En estos temas, ni el respaldo político ni las amistades sustituyen el cumplimiento de la ley.
Si el esquema que finalmente prevalece contempla cinco hombres, cinco mujeres y una acción afirmativa para la comunidad LGBTTTIQ+, además de respetar la denominada paridad transversal, el tablero político comienza a ordenarse casi de manera automática.
Bajo ese escenario, las candidaturas masculinas podrían concentrarse en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres; las femeninas en José María Morelos, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas; mientras que la acción afirmativa recaería en Othón P. Blanco, siempre que la autoridad electoral y la estrategia partidista así lo determinen.
Si esa ruta jurídica termina imponiéndose, varios proyectos personales simplemente dejarán de ser viables, por más estructura, recursos o simpatías que tengan. En política, la voluntad importa; en derecho electoral, lo determinante es la norma.
Así, en Bacalar aparecen nombres como Rivelino Valdivia o Juan Manuel Herrera; en Felipe Carrillo Puerto, Gabriel “Pato” Carballo o Hugo Flores; en Tulum, Jorge Portilla o Enrique Vázquez; en Cozumel, Renán Sánchez Tajonar o el propio alcalde
José Luis Chacón, si busca la reelección; mientras que en Isla Mujeres podrían figurar Juan Carrillo o Édgar Gasca.
Para la acción afirmativa en Othón P. Blanco, un perfil que aparece bien posicionado es Luis Gamero, aunque será indispensable verificar el cumplimiento puntual de los requisitos legales que regulan este tipo de postulaciones.
En las candidaturas femeninas también comienzan a perfilarse nombres. En Playa del Carmen, Cristina Torres o Estefanía Mercado, si opta por la reelección; en Benito Juárez, Verónica Lezama Espinosa la gran favorita.
Geyli Sagrario Uh López o Jaddla Soledad Pacheco En José María Morelos en Puerto Morelos, Alexa Murguía o Karina Vázquez; y en Lázaro Cárdenas adíos a la reelección de Nivardo Mena, ahí María Itzel Ramos son las que pudieran ir de campaña.
Naturalmente, todavía falta el componente político: los acuerdos entre Morena, PVEM y PT; las mediciones internas; las eventuales reelecciones; las reservas de género; las acciones afirmativas adicionales y los equilibrios regionales. Ese será otro capítulo.
Por ahora, conviene no perder de vista una máxima que suele olvidarse en tiempos de efervescencia electoral: las candidaturas no se construyen únicamente con popularidad ni con voluntad; también deben sobrevivir al tamiz de la legalidad.
Porque mientras algunos ya se sienten presidentes municipales, otros apenas descubren que la primera campaña no se libra en las calles, sino en los expedientes y en los tribunales. Ahí, donde la política deja de ser discurso y comienza a ser derecho.
