Por Joaquín Quiroz Cervantes.
Definitivamente, eso de ceñirse a lo que manda la ley, respetar el espíritu de las normas y actuar con congruencia no parece ser precisamente una especialidad de los marinistas, porque basta revisar lo ocurrido con las llamadas acciones afirmativas en el proceso electoral de 2024 para encontrarse con un mecanismo que, lejos de servir exclusivamente para abrir espacios a quienes históricamente han sido excluidos, terminó convertido en varios casos en una cómoda puerta de acceso al poder para personajes políticamente bien conectados.
Esas acciones afirmativas que fueron creadas para garantizar candidaturas a personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y otros grupos históricamente vulnerados, terminaron rodeadas de cuestionamientos, suspicacias y señalamientos sobre si quienes ocuparon esos espacios realmente correspondían al espíritu para el cual fueron concebidos.
Entre los marinistas de Morena, esos que se sienten impolutos y dueños de la entidad, tenemos uno de los ejemplos más llamativos con Anahí González Hernández, quien llegó al Senado de la República vinculada a una acción afirmativa indígena.
Y ahí comienzan las preguntas que nadie dentro del partido parece interesado en responder con demasiada profundidad. Una mujer de apellidos González Hernández, imagen que para muchos difícilmente corresponde con los estereotipos que suelen asociarse a los pueblos originarios, terminó ocupando una posición reservada para representación indígena.
Claro está que la pertenencia indígena no se determina por color de piel, estatura, ojos o apellido, pero precisamente por eso la pregunta correcta debería ser otra: ¿qué vínculo comunitario, trayectoria, pertenencia o representación efectiva respaldó esa candidatura? Porque tratándose de una de las marinistas más férreas sobre la faz política quintanarroense, la casualidad provoca cuando menos suspicacia. Ya de perdida le hubieran puesto “Anayantzin” en la propaganda para darle más dramatismo al montaje.
Otro caso digno de análisis es el de Ricardo Velazco Rodríguez, incluido como diputado local de representación proporcional por MORENA dentro de la acción afirmativa correspondiente a adulto mayor.
Y nuevamente llegan las preguntas incómodas. Si al momento del proceso electoral existían dudas respecto de si cumplía con la edad que ordinariamente identifica a este sector, corresponde explicar con absoluta claridad bajo qué criterio jurídico fue incorporado dentro de esa categoría.
Porque una cosa es cumplir técnicamente con una disposición electoral y otra muy distinta utilizar una acción afirmativa como traje hecho a la medida. Si ni para la credencial del INAPAM alcanzaba todavía, políticamente la explicación se vuelve cuando menos pintoresca.
Está también Andrea del Rosario González Loría, diputada local marinista registrada mediante acción afirmativa por discapacidad sensorial visual. Aquí nuevamente debe evitarse el absurdo de pretender diagnosticar a alguien por su apariencia física, porque existen discapacidades visuales que no son evidentes y que no necesariamente implican utilizar anteojos.
Sin embargo, siendo una representante que llegó precisamente bajo esa condición, resulta válido exigir congruencia política y sensibilidad pública, ya que ni anteojos utiliza la “discapacitada visual”.
Por eso llamó poderosamente la atención hace poco que Andrea González, que al presumir desde tribuna una acción relacionada con personas sordas en Quintana Roo no existiera, según lo observado públicamente, un intérprete de lengua de señas acompañando el mensaje. Si el discurso es inclusión, ésta debería comenzar por la manera misma de comunicarla. De otra forma queda aquello de predicar una cosa y ejecutar otra.
En contraste, aparece Wilbert Alberto Batún Chulim, otro personaje relacionado políticamente con este grupo y registrado mediante acción afirmativa indígena. En su caso, por lo menos existen elementos de identidad y origen maya que vuelven mucho menos estridente su incorporación dentro de esa categoría.
Dicho de otra manera, dentro de este catálogo marinista de acciones afirmativas, parecería ser el único caso donde la pertenencia al sector representado resulta políticamente mucho menos cuestionable.
Y llegamos a Isla Mujeres, donde otro marinista, empleado de Atenea Gómez Ricalde, la edil más marinista de Quintana Roo, el actual síndico municipal José Inés Aguilar Rodríguez, ocupó su candidatura dentro de la acción afirmativa LGBTTTIQ+.
Refieren esta acción en algo que incomodó a la esposa e hijos del síndico marinista, pero bueno, para ellos una sindicatura lo valía.
Aquí el asunto merece todavía mayor cuidado porque la orientación sexual y la identidad pertenecen estrictamente al ámbito personal y nadie desde fuera tiene derecho a determinarlas, negarlas ni certificarlas por apariencia, matrimonio o situación familiar. Tener esposa o hijos no acredita ni desmiente absolutamente nada.
Lo políticamente relevante es otra cosa: tratándose de una candidatura surgida de una acción afirmativa, corresponde a las autoridades electorales explicar qué mecanismos de autoadscripción y acreditación fueron utilizados y si éstos garantizaron que el espacio realmente cumpliera con la finalidad de representación para la cual fue creado. Todo lo demás pertenece a la vida privada; lo electoral, en cambio, sí está sujeto al escrutinio público.
Así que visto está que aquellos marinistas que se desgarran las vestiduras, se sienten propietarios históricos de la transformación y creen merecer candidaturas, posiciones y reconocimientos simplemente por proclamarse pioneros, también encontraron en las acciones afirmativas una extraordinaria ruta de acceso al poder.
Y ahí está precisamente el verdadero problema: no se trata de cuestionar a los grupos vulnerables ni de poner bajo sospecha a quienes legítimamente pertenecen a ellos, sino de impedir que una herramienta creada para compensar décadas de exclusión termine convertida en una tómbola de cuotas partidistas donde los padrinos políticos, como Rafael Marín, deciden quién amaneció indígena, quién adulto mayor, quién representante de una discapacidad y quién integrante de determinada diversidad.
Será interesante observar si en las próximas negociaciones vuelve a aparecer la mano del tabasqueño Rafael Marín y nuevamente comienzan las multiplicaciones políticas de las acciones afirmativas: cincuentones convertidos electoralmente en adultos mayores; personajes convenientemente acomodados en espacios destinados a personas con discapacidad; candidaturas indígenas cuya vinculación comunitaria provoque más preguntas que respuestas; o políticos colocados dentro de cuotas de diversidad únicamente porque electoralmente hacía falta llenar un casillero.
Porque las acciones afirmativas no son concesiones graciosas ni premios de consolación para grupos políticos; son mecanismos constitucionales creados para corregir desigualdades históricas.
Convertirlas en fichas de negociación no solamente constituye una burla política, sino que termina arrebatándole espacios a quienes verdaderamente han enfrentado discriminación, exclusión y obstáculos durante toda su vida.
Y ahí es donde la supuesta superioridad moral marinista vuelve a derrumbarse, mucho discurso de transformación, mucha pose de pioneros y demasiada indignación selectiva, pero cuando se trata de repartir candidaturas, parece que cualquier traje sirve mientras sea de la talla del amigo correcto.
Al final, más que acciones afirmativas, algunos quisieron convertirlas en acciones acomodaticias, en política, como en la vida, cuando para conservar el poder hay que disfrazar hasta las cuotas destinadas a los vulnerables; lo que queda exhibido no es la inclusión.
Es simplemente la desesperación por el poder mismo.
