Por Joaquín Quiroz Cervantes

Es una vergüenza total lo que algunos vividores de la política, esos que no tienen llenadera y saben que su fecha de caducidad viviendo del erario está por cumplirse, comienzan a hacer para asegurar su futuro, buscando de dónde y cómo seguir conservando privilegios.

Ejemplo de ello es el todavía presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, “Chepe”, quien ahora resulta que también habría incursionado en el mundo ejidal. Según nos refieren Heraldos de Xlalibre, el edil habría adquirido hace apenas tres meses un derecho ejidal por la nada despreciable cantidad de 8 millones de pesos.

Y aquí las cuentas no cuadran, según cifras de la Plataforma Nacional de Transparencia, Chepe percibe un sueldo mensual de 37 mil pesos, mientras su tesorero, Paul Romero, tendría una remuneración de 21 mil 412 pesos. Cantidades que deben corroborarse, pero que despiertan preguntas frente al estilo de vida que se atribuye a ambos.

Para juntar 8 millones de pesos, Chepe necesitaría trabajar poco más de 18 años, sin gastar un solo centavo de su sueldo. Y no creemos que vendiendo tacos, en un par de años, se consigan semejantes cantidades.

Por supuesto que puede tener otros ingresos legítimos, pero sería interesante conocer el origen de los recursos, quién vendió esos derechos, cómo se pagaron y si la operación cumplió con la legislación agraria. Si existieran indicios de irregularidades financieras, correspondería revisarlos a las autoridades competentes, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dentro de sus atribuciones.

Porque algo apesta en Bacalar, y no precisamente el agua podrida que se anega fuera de la taquería de Chepe.

Y mientras las cuentas de esa presunta adquisición esperan explicaciones, el edil tiene otro trauma: quiere ser diputado federal. Cree que nomás por inscribirse ya tiene asegurado seguir viviendo de la política.

Pero donde también anda bastante obstinado es en dejar heredera política. Su apuesta sería María José Noverola Rodríguez, exdirectora del DIF Municipal, a quien busca posicionar, según versiones locales, como su sucesora en la presidencia municipal de Bacalar.

El problema es que Noverola enfrenta un cuestionamiento jurídico que ningún padrinazgo político puede desaparecer: ¿cumple con los cinco años de residencia y vecindad que exige la Constitución de Quintana Roo?

Según testimonios de habitantes del municipio, María José Noverola comenzó a vivir permanentemente en Bacalar hasta 2023, aunque desde 2021 trabajaba en el Ayuntamiento, trasladándose diariamente desde Chetumal, donde presuntamente mantenía su residencia.

Y aquí hay una diferencia elemental: una cosa es trabajar en Bacalar, otra vivir en Bacalar y otra muy distinta acreditar legalmente cinco años de vecindad.

El artículo 136, fracción I, de la Constitución estatal establece ese requisito tomando como referencia el inicio del proceso electoral, no la fecha de la elección ni la toma de protesta. Si se confirma que Noverola se estableció en Bacalar hasta 2023, su elegibilidad para 2027 enfrentaría un serio cuestionamiento constitucional.

La trayectoria de la aspirante también despierta preguntas. Fuentes locales señalan que vivió en el extranjero y regresó a la región después del fallecimiento de Rossina Castillo Rodríguez, esposa de Chepe Contreras, ocurrido en mayo de 2021. Habría comenzado trabajando en Turismo, posteriormente pasó al DIF Municipal y fue ratificada como directora en octubre de 2024.

También se le identifica como prima de la fallecida esposa del alcalde, parentesco que deberá corroborarse y que, por sí mismo, no constituye una irregularidad.

Lo que sí merece investigación son las versiones de que personal vinculado al Ayuntamiento estaría operando políticamente para posicionarla.

Porque Chepe puede tener simpatías políticas, pero no puede disponer del Ayuntamiento como si fuera su patrimonio ni pretender que las leyes se acomoden a sus intereses.

Noverola tiene derecho a participar y demostrar con documentos su residencia; lo que no puede hacerse es sustituir un requisito constitucional con recomendaciones, amistades o acuerdos políticos.

Y en todo este enredo, Bacalar continúa enfrentando cuestionamientos sobre servicios públicos, resultados de gobierno y el manejo de sus recursos, mientras su presidente municipal parece más ocupado en su futuro político y en quién ocupará su lugar.

Todo mal con Chepe, quien tendrá que explicar tanto la presunta adquisición ejidal de ocho millones de pesos como los señalamientos alrededor de su sucesión política.

Porque Bacalar no es una propiedad privada, el Ayuntamiento no se hereda y las leyes no están para torcerse a conveniencia de quienes se acostumbraron al poder.

Y que no se le olvide al todavía presidente municipal: una cosa es querer seguir mandando después de dejar el cargo y otra muy distinta creer que Bacalar le pertenece.

Diego Castañón teje fino, rumbo al distrito 02 federal.

Y quien sigue avanzando en la construcción de su proyecto político rumbo a 2027 es el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, quien aspira a convertirse en candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 02, para lo cual viene realizando un fino trabajo de acercamiento con liderazgos políticos, sociales, sindicales y productivos del centro y sur de Quintana Roo.

Castañón no se queda en el escritorio, recorre territorio, sostiene reuniones con referentes y mantiene una importante presencia los fines de semana en municipios donde Morena fortalece su organización.

Su cercanía política con la gobernadora Mara Lezama, el senador Eugenio “Gino” Segura y sus conexiones nacionales forman parte de las condiciones que acompañan su aspiración.

En José María Morelos participó en la Caminata por la Paz y la Unidad, que reunió a cientos de simpatizantes de Morena, mientras que en Felipe Carrillo Puerto, más de mil personas acudieron al encuentro realizado en La Capilla.

En Bacalar, reunió a más de 2 mil productores, campesinos y artesanos de las 58 comunidades, impulsando la vinculación del campo con nuevos mercados, bajo el modelo de Prosperidad Compartida que encabeza Mara Lezama.

Y en Chetumal sostuvo importantes reuniones con referentes sindicales como Roberto Poot Vázquez, de la FSTSGE; Mercedes Rodríguez Ocejo, del Congreso del Estado; Mario Alejandro Collí Poot, del SQCS; Gregorio Cruz Rivera, de CAPA, y Paula Mendoza Ramírez, del SUTAGE.

En Javier Rojo Gómez, corazón de la zona cañera, también dialogó con productores acompañado de la diputada Diana Gutiérrez García, Benjamín Gutiérrez Reyes, de la CNPR; Víctor Manuel Aguilar Nieves, del Sindicato Azucarero; Silvio Efraín Godínez Borges y Juan José Álvarez.

Y mientras amplía sus relaciones políticas, Castañón mantiene actividades al frente del Ayuntamiento de Tulum, donde recientemente encabezó una corrida matutina con su equipo de trabajo en la playa del pueblo.

Diego viene tejiendo fino, sumando interlocutores y construyendo una agenda regional que combina presencia territorial, acuerdos políticos y acercamiento con sectores productivos. Su reto será traducir esa actividad en resultados concretos y demostrar que sus responsabilidades municipales no quedan subordinadas a sus aspiraciones.

Porque en política no basta con tener conexiones, hay que saber construirlas, mantenerlas y convertirlas en resultados. Y Diego Castañón está desplegando una estrategia territorial que merece seguimiento rumbo a 2027.