Por Joaquín Quiroz
En política hay gobernantes que cometen errores, otros que acumulan omisiones y algunos más que, de plano, hacen de la ineptitud una forma cotidiana de administrar.
En Isla Mujeres, la mata sigue dando, y cada día queda más claro que la administración encabezada por Atenea Gómez Ricalde hace mucho tiempo perdió el rumbo, la sensibilidad y, sobre todo, la capacidad de gobernar.
Para muestra un botón.
Casi cien crías de tortuga marina murieron sin poder llegar al mar, encerradas en un corral, expuestas directamente al sol, sin personal suficiente que vigilara su nacimiento y las liberara oportunamente.
No fue un huracán, no fue una tormenta, no se trató de un fenómeno natural inesperado.
Fue negligencia, fue omisión, fue el resultado de una administración que presume proteger el medio ambiente, que utiliza a las tortugas para tomarse fotografías, organizar liberaciones turísticas y construir propaganda, pero que cuando llega el momento de cuidarlas de verdad, simplemente no aparece.
Y es que la temporada de anidación de tortugas no tomó por sorpresa a nadie., ocurre todos los años, comienza alrededor de mayo y se prolonga hasta noviembre, son prácticamente seis meses en los que cualquier gobierno medianamente responsable debe prever personal, vigilancia, materiales, especialistas, guardias permanentes y protocolos para atender los nidos y las eclosiones.
Las tortugas regresan cada año, el calendario también, la previsión, la responsabilidad y el oficio de Atenea Gómez Ricalde, esos sí, nunca llegaron.
Más de un centenar de huevos eclosionaron y las crías quedaron atrapadas, expuestas al calor, sin que existiera personal suficiente para atenderlas y conducirlas hacia el mar.
De acuerdo con testimonios difundidos por medios de Isla Mujeres, la falta de trabajadores impidió mantener vigilancia permanente en el corral.
Pero seamos serios, la falta de personal no es una justificación, es la confesión de la negligencia.
¿Quién tenía la responsabilidad de vigilar el corral?
¿Quién debía conocer las fechas aproximadas de eclosión?
¿Quién elaboró las guardias?
¿Quién autorizó que no hubiera trabajadores suficientes?
¿Quién supervisaba el programa?
¿Dónde estaban los responsables del área ambiental?
¿Y dónde estaba la presidenta municipal?
La respuesta a esta última pregunta resulta todavía más indignante.
Mientras las tortugas recién nacidas morían bajo el sol, Atenea Gómez Ricalde disfrutaba, según información difundida por medios locales, de unas inmerecidas vacaciones en Europa, acompañada por integrantes de su familia.
Que una presidenta municipal salga de vacaciones no constituye por sí mismo un delito ni una irregularidad.
Pero cuando durante su ausencia ocurre una tragedia ambiental causada por la falta de personal, supervisión y previsión de su gobierno, el viaje deja de ser un asunto privado y se convierte en una expresión de irresponsabilidad política.
Porque Atenea podrá delegar funciones, podrá dejar encargados, podrá nombrar directores, coordinadores, secretarios y responsables de área, lo que no puede delegar es la responsabilidad de gobernar.
Ella es la presidenta municipal, encabeza el Ayuntamiento, administra los recursos, designa a los funcionarios, y ella debe responder por los resultados y también por las omisiones de quienes trabajan bajo sus órdenes.
Sin embargo, hasta ahora Atenea Gómez no ha dado la cara, no ha explicado cuántas tortugas murieron realmente, no ha presentado una bitácora, no ha informado quién estaba de guardia.
No ha señalado responsables, no ha explicado por qué faltaba personal, ni ha detallado qué protocolos se aplicaron, ni se han anunciado sanciones, y la todavía edil tampoco ha ofrecido una explicación técnica sobre las causas de la mortandad.
Para las fotografías, los festivales, los anuncios turísticos y las inauguraciones, la maquinaria de comunicación del Ayuntamiento siempre está lista.
Para explicar la muerte de casi cien tortugas, lo único que apareció fue el silencio, y ese silencio dice más que cualquier boletín.
Dice que el gobierno municipal no estaba preparado, que nadie supervisaba, quelas crías fueron abandonadas a su suerte.
Y dice que la protección de las tortugas marinas se ha convertido más en un instrumento de propaganda y entretenimiento turístico que en un verdadero programa de conservación.
Porque durante años las liberaciones de tortugas han sido utilizadas para atraer visitantes, organizar actos públicos, generar fotografías y presentar al gobierno municipal como defensor de la naturaleza.
Turistas pagan, consumen, participan en las liberaciones y se llevan la fotografía correspondiente, pero la conservación no es un espectáculo, las tortugas no son utilería turística, no son mascotas de la presidenta municipal, ni menos son un recurso para mejorar la imagen de Atenea Gómez.
Son especies protegidas que requieren manejo técnico, vigilancia permanente y personal capacitado.
Y cuando un programa que se presume de conservación termina con decenas de tortugas muertas dentro de un corral, resulta legítimo preguntar si realmente se está protegiendo a la especie o simplemente se está explotando su imagen con fines turísticos y políticos.
La historia de la Tortugranja hace todavía más grave lo sucedido, desde hace años existían problemas sobre la posesión, administración y operación del predio.
En 2016 ya se advertía la posibilidad de que el Ayuntamiento perdiera el espacio.
Sin embargo, administraciones anteriores realizaron gestiones ante instancias federales, entre ellas el Instituto Nacional de Pesca, para mantener la operación municipal.
El convenio fenecía en 2018, pero el tema logró mantenerse hasta que concluyó la segunda administración de Juan Carrillo Soberanis.
Cuando Atenea Gómez llegó al gobierno municipal, lejos de resolver el problema, no renovó oportunamente los instrumentos necesarios y después hizo lo más sencillo: culpar a la administración que la antecedió.
Así gobierna Atenea, cuando algo sale bien, es resultado de su capacidad, pero cuando algo sale mal, la culpa siempre es de quienes estuvieron antes.
Pero ya no puede seguir escondiéndose detrás del pasado, Atenea Gómez llegó a la presidencia municipal en 2021, fue reelecta, ha tenido años para revisar convenios, regularizar permisos, rehabilitar instalaciones, contratar especialistas y establecer un programa profesional para la protección de tortugas.
En septiembre de 2021, la Tortugranja cerró al público porque el predio pertenece al Instituto Nacional de Pesca y no fue renovado el convenio de utilización.
Las tortugas marinas permanecieron durante meses en las instalaciones y nunca existió información pública suficientemente clara sobre el destino de todos los ejemplares que se encontraban ahí.
Posteriormente, la protección de los nidos fue trasladada a corrales temporales en Playa Media Luna.
Atenea Gómez convirtió entonces la recuperación de la Tortugranja en una de las prioridades discursivas de su gobierno, en 2023, después de obtener de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Acuerdo de Destino del predio federal, anunció con bombo y platillo la reapertura y rehabilitación del espacio.
También aseguró que recursos provenientes de la tasa turística serían utilizados para fortalecer el programa de conservación de tortugas marinas.
Puro discurso.
Porque han pasado más de tres años desde aquel anuncio y la Tortugranja no funciona plenamente, no existe claridad suficiente sobre su rehabilitación y ahora, en plena temporada de anidación, faltaron trabajadores para atender el nacimiento de las crías.
Se han documentado recursos por 7.75 millones de pesos destinados a trabajos relacionados con la rehabilitación de la Tortugranja.
Millones de pesos, pero no había personal para liberar tortugas.
Había presupuesto, pero no vigilancia, había anuncios, pero no trabajadores, había propaganda, pero no protocolos.
Había presidenta para tomarse fotografías, pero no había autoridad para evitar que las tortugas murieran bajo el sol.
Esa contradicción es la que Atenea Gómez debe explicar.
¿Dónde están los 7.75 millones de pesos?
¿Qué trabajos se realizaron?
¿Qué empresas fueron contratadas?
¿Cuánto se pagó?
¿Cuál es el avance físico?
¿Qué parte de la Tortugranja se encuentra rehabilitada?
¿Por qué, teniendo recursos públicos, el programa de protección no contó con personal suficiente?
¿Quién administra actualmente los ingresos vinculados con las actividades de liberación de tortugas?
¿Se cobra a turistas por participar?
¿Dónde se depositan esos recursos?
¿Quién los fiscaliza?
¿Con qué permisos se manipulan huevos, nidos y crías?
Todas esas preguntas deben responderse, y no solamente por el Ayuntamiento.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también tiene que explicar qué autorizaciones se encuentran vigentes y bajo qué condiciones opera el programa de tortugas marinas en Isla Mujeres.
La Semarnat debe informar si la dependencia revisó los permisos, los protocolos, las instalaciones y el manejo de los ejemplares.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,debe señalar cuándo realizó la última inspección, qué encontró, si conocía las condiciones de los corrales y si ya inició un procedimiento por la muerte de las crías.
Porque aquí no basta con la clásica declaración de que “se investigarán los hechos”.
Hay animales muertos.
Existe una especie protegida.
Hay recursos públicos involucrados.
Y existen servidores públicos responsables.
PROFEPA debe asegurar las bitácoras, entrevistar al personal, revisar los horarios, verificar las condiciones del corral y determinar si hubo incumplimientos a la legislación ambiental.
También tendrá que aclararse la relación histórica entre la Tortugranja y la familia Ricalde.
Antes de concluir su administración como presidenta municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña realizó gestiones en materia ambiental para el manejo y aprovechamiento de especies vinculadas con la Tortugranja.
Existen además señalamientos sobre permisos relacionados con el aprovechamiento de pepino de mar, una especie de elevado valor comercial.
Estos antecedentes deben ser revisados documentalmente por las autoridades competentes.
No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas.
Se trata de determinar quién obtuvo permisos, bajo qué condiciones, quién recibió beneficios y por qué instalaciones municipales o vinculadas con el Ayuntamiento aparecen relacionadas con autorizaciones de aprovechamiento ambiental.
Todo debe transparentarse, porque durante años la familia Ricalde ha utilizado la causa ambiental como bandera política, mientras alrededor de la Tortugranja han persistido dudas sobre permisos, recursos, administración, ejemplares en cautiverio y beneficios económicos.
Ahora, la muerte de las crías coloca nuevamente el tema en el centro de la discusión.
Atenea Gómez tendrá que explicar si su programa realmente protege tortugas o si solamente administra una actividad turística envuelta en discurso ecológico.
También tendrá que responder por qué, después de años de gobierno y millones de pesos anunciados, el municipio sigue dependiendo de corrales temporales sin suficiente vigilancia.
Lo ocurrido no fue producto de la mala suerte.
Fue la consecuencia de un mal gobierno.
De una pésima directriz.
De la ausencia de supervisión.
De la falta de gestión.
De la apatía.
Y de una presidenta municipal que parece haber perdido cualquier interés en conducir la administración que todavía encabeza.
Está bien que su carrera política esté prácticamente terminada.
Está bien que sus aspiraciones hayan quedado reducidas por sus propios errores.
Lo que no está bien es que se desentienda del gobierno cuando todavía le falta aproximadamente un año para concluir su mandato.
Atenea Gómez sigue cobrando como presidenta municipal.
Sigue disponiendo de recursos públicos.
Sigue tomando decisiones.
Y, por tanto, sigue siendo responsable.
No puede comportarse como una alcaldesa retirada mientras Isla Mujeres enfrenta problemas de servicios, abandono, falta de planeación y ahora una tragedia ambiental que exhibe internacionalmente al municipio.
La realidad es contundente.
Mientras Atenea descansaba en Europa, las tortugas murieron bajo el sol.
Mientras ella vacacionaba, su administración no tenía personal.
Mientras el Ayuntamiento presumía conservación, las crías no pudieron llegar al mar.
Y mientras los boletines construían una falsa imagen de gobierno eficiente, casi cien pequeños cadáveres se encargaron de revelar la verdad.
Atenea Gómez podrá intentar culpar a sus funcionarios.
Podrá responsabilizar a gobiernos anteriores.
Podrá ordenar comunicados.
Podrá tomarse nuevas fotografías liberando tortugas.
Pero el daño está hecho.
La imagen de las crías muertas será el símbolo de una administración insensible, desorganizada y profundamente irresponsable.
Porque en política los discursos pueden maquillarse, las cifras pueden acomodarse y la propaganda puede comprarse.
Lo que no puede ocultarse es la ineptitud cuando deja cadáveres sobre la arena.
Curva peligrosa…
Nadie puede servir a dos amos sin quedar mal con alguno. La máxima parece hecha para David Fili Tah Balam, todavía regidor de Morena en Tulum, quien pretende caminar con el aspirante más fuerte Gino Segura, y al mismo tiempo, conservar encendida su veladora con Rafael Marín.
Heraldos de Xlalibre aseguran que recientemente fue visto en el búnker marinista de Puerto Cancún. Llegó y salió con gorra, lentes y capucha, bajo pleno sol, intentando pasar inadvertido. No lo consiguió: fue plenamente identificado.
Fili Tah no es el único que juega en dos bandos, pero debería recordar que en política quien necesita esconderse para reunirse ya está confesando sus verdaderas lealtades.
Porque el que traiciona a uno, traiciona a dos; y quien sirve a todos termina sin merecer la confianza de ninguno.
