Por Joaquín Quiroz Cervantes
En política hay temas que muchos prefieren esquivar porque incomodan o porque se consideran “menores”. Sin embargo, la realidad termina imponiéndose cuando un hecho concreto sacude a la opinión pública. Eso fue lo que ocurrió con Vito, un perro de compañía que murió tras ser atacado por un pastor belga en calles de Coyoacán. El caso se volvió viral, pero más allá del impacto mediático, abrió una discusión seria sobre algo que durante años se ha manejado con ligereza: la responsabilidad en la tenencia de mascotas.
El testimonio del dueño de Vito, pidiendo identificar al responsable y exigiendo justicia, colocó el tema en el centro del debate público. Y es que cuando no existen reglas claras, supervisión ni mecanismos de prevención, los incidentes dejan de ser accidentes aislados y se convierten en fallas estructurales de convivencia.
Aquí es donde la política, quiera o no, tiene que intervenir.
Porque el problema nunca ha sido el animal. El problema es la irresponsabilidad humana. Durante años se ha optado por discursos simplistas: criminalizar razas o minimizar los riesgos. Ambas posturas son igualmente equivocadas. La convivencia en comunidad exige algo mucho más elemental: reglas, prevención y responsabilidad.
En Quintana Roo, el tema ya empezó a moverse en el terreno legislativo. El Partido Verde, bajo el liderazgo del diputado quintanarroense Renán Sánchez Tajonar, ha puesto sobre la mesa una iniciativa que muchos ya identifican como la llamada “Ley Vito”, una reforma que busca modificar el Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal para cerrar vacíos legales que hoy permiten que la negligencia quede impune.
La lógica de la propuesta es sencilla pero contundente.
Primero, establecer sanciones proporcionales cuando se compruebe negligencia en el manejo de animales que representen riesgo. No se trata de castigar por castigar, sino de prevenir tragedias que pudieron evitarse con responsabilidad mínima.
Segundo, fortalecer la protección de sectores vulnerables, particularmente niñas, niños y personas adultas mayores, quienes suelen ser los más expuestos en este tipo de incidentes.
Tercero, otorgar certeza jurídica a las víctimas. Hoy, cuando ocurre un ataque, muchas familias enfrentan un vacío legal donde la responsabilidad se diluye entre lagunas normativas y procesos interminables.
Y cuarto, la creación de registros municipales para ejemplares que requieran manejo especial. Un instrumento básico de supervisión que permitiría identificar riesgos antes de que se conviertan en tragedia.
En términos políticos, el mensaje que intenta posicionar el Partido Verde es claro: amar a las mascotas no es solo una expresión afectiva, también es una obligación legal y social. Y legislar desde un enfoque preventivo coloca a Quintana Roo en una conversación moderna donde el bienestar animal y la seguridad pública dejan de verse como temas separados.
La muerte de Vito abrió una herida que tocó fibras sensibles en la sociedad. Pero también dejó una lección incómoda: la irresponsabilidad individual termina convirtiéndose en problema colectivo.
Si el dolor de este caso logra traducirse en normas claras, prevención efectiva y una cultura de responsabilidad en la tenencia de mascotas, entonces el debate habrá trascendido la indignación momentánea.
Y la política, por una vez, habrá llegado a tiempo.
