Por Joaquín Quiroz Cervantes.
En la política mexicana hay dos formas de medir a un funcionario: por lo que presume y por lo que cumple. Rafael Marín Mollinedo empieza a quedar atrapado en esa brecha incómoda donde el discurso no alcanza a tapar la ausencia.
Porque mientras Yucatán requiere operación territorial, control fino de programas sociales y presencia institucional, su delegado aparece en Tulum Quintana Roo, en día hábil, participando en foros que, simple y llanamente, no son su responsabilidad.
No es un detalle menor ni una travesura de agenda. Es un síntoma. Y en política, los síntomas suelen anticipar enfermedades más profundas. Un delegado de Bienestar no es un invitado de piedra ni un conferencista itinerante: es un operador del Ejecutivo federal en territorio. Su función no es socializar, es ejecutar. No es figurar, es garantizar que los programas lleguen, que se paguen, que funcionen.
Y sin embargo, ahí estaba. En Tulum. En un foro de hospitalidad turística —tema que poco o nada tiene que ver con su encargo— y, para colmo, con una convocatoria desangelada que reflejaba más improvisación que estrategia. La escena no solo fue políticamente irrelevante, fue administrativamente cuestionable. Porque mientras eso ocurría, su estado en el que le pagan por trabajar es decir Yucatán —el que sí le corresponde— simplemente no lo tenía.
Desde el ángulo jurídico, el asunto no admite demasiadas interpretaciones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: legalidad, eficiencia, lealtad. Ausentarse sin justificación en día laboral rompe, al menos, dos de esos principios. Y si esa ausencia afecta la operación de programas sociales, entonces ya no es descuido: es una posible afectación al interés público.
Las sanciones existen y no son decorativas. Van desde amonestaciones hasta la inhabilitación. Pero más allá del expediente, hay algo más inmediato y más contundente: la confianza. En el sistema político mexicano, un delegado vive y muere por ella. Y cuando se empieza a percibir que está más interesado en moverse políticamente que en cumplir administrativamente, el reloj corre en su contra.
Aquí el punto es simple: o había una comisión oficial, documentada y justificada, o estamos frente a una falta que, por su naturaleza pública, ya cruzó el terreno de lo administrativo hacia lo político. Y ahí, las consecuencias suelen ser más rápidas.
El problema no es el viaje. Es el mensaje. Porque cuando un delegado deja su territorio en día hábil para buscar reflectores en otro estado, lo que proyecta no es liderazgo, es desorden. Y en un gobierno que presume disciplina y operación, ese tipo de señales no se explican… se corrigen o se sancionan.
Curva peligrosa..
El avance del gas natural en Quintana Roo ya dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad en construcción. La infraestructura energética en la península está entrando a una etapa de expansión, con proyectos que buscan fortalecer la red existente y extender el suministro hacia los principales polos de desarrollo del estado.
Hoy el proceso se sostiene en la ampliación de capacidad y en la proyección de nuevas conexiones que permitan llevar el energético a zonas como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos. No es inmediato ni total, pero sí es constante: hay obra, hay planeación y hay una ruta definida para consolidar el abasto.
El impacto será estructural. El gas natural no solo reduce costos energéticos, también da estabilidad al sistema eléctrico, disminuye la dependencia de combustibles más caros y abre la puerta a inversiones que antes no eran viables por la falta de energía suficiente y competitiva.
En términos claros: Quintana Roo está en transición energética. Aún no llega a todos, pero ya empezó a cambiar el fondo del modelo. Y cuando esa infraestructura termine de consolidarse, el estado no solo será un destino turístico fuerte, será también una región con condiciones reales para crecer industrial y económicamente con mayor solidez.
