Por Joaquín Quiroz
Si por algo se ha distinguido políticamente el clan Ricalde es por su facilidad para cambiar de camiseta, desconocer lealtades y colocar la ambición personal por encima de cualquier convicción.
Las circunstancias les han concedido oportunidades que, tarde o temprano, terminan desperdiciando cuando afloran la soberbia, el apetito económico y esa vieja costumbre de confundir el servicio público con un patrimonio familiar.
Durante algún tiempo, la todavía presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, pretendió hacer creer que era distinta a su madre, Alicia Ricalde Magaña, y a su tío, Julián Ricalde Magaña.
Quiso venderse como una política joven, moderna, comprometida con la isla y alejada de las prácticas que durante años han acompañado a su familia.
La realidad terminó alcanzándola.
Y lo hizo precisamente cuando su carrera política parece haber llegado a un callejón sin salida: sin posibilidad de una nueva reelección municipal, sin una candidatura relevante a la vista y con un gobierno que comienza a descomponerse entre denuncias, conflictos empresariales, señalamientos ambientales y acusaciones de extorsión.
La trayectoria de Atenea nunca puede explicarse sin el apellido.
Su incursión en la política ocurrió al calor de su madre y mediante una de esas fórmulas familiares que tanto daño han hecho a la vida pública. En 2016, cuando Alicia Ricalde perdió la presidencia municipal frente a Juan Carrillo Soberanis, madre e hija habían sido incorporadas como propietaria y suplente dentro de la misma planilla.
Así llegó Atenea al Cabildo.
Fue regidora no por una trayectoria propia ni por méritos políticos acreditados, sino como producto de una estructura familiar que le abrió las puertas del poder.
Desde aquella etapa, heraldos de Xlalibre refieren que Atenea descubrió el valor comercial de los votos y las aprobaciones edilicias. Se le atribuían negociaciones en las que el respaldo dentro del Cabildo presuntamente podía intercambiarse por beneficios inmobiliarios, entre ellos terrenos ubicados en fraccionamientos de alta plusvalía en Cancún.
Sin embargo, como ocurrió frecuentemente en la administración pasada estatal en Quintana Roo, el silencio institucional terminó funcionando como manto protector.
Después apareció su padrino político, Carlos Joaquín González, “Chespirito”, quien la convirtió en representante de su gobierno en Isla Mujeres, dentro de uno de los múltiples experimentos políticos fallidos del hoy embajador de México en Canadá.
Más tarde la impulsó como diputada local del PAN.
Su paso por el Congreso del Estado fue gris, irrelevante y sin una sola aportación legislativa que permita recordarla.
Transitó sin pena ni gloria, cobrando como legisladora y esperando la siguiente posición que le fuera concedida.
Posteriormente, bajo la alianza PRI-PAN-PRD, llegó a la presidencia municipal de Isla Mujeres.
Durante aquella campaña era furiosamente opositora a la Cuarta Transformación. Criticaba a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, y atacaba a su antecesor priista, pese a que ella misma era candidata de una coalición en la que participaba el PRI.
La coherencia nunca fue su fuerte.
Tres doritos después, cuando entendió que el poder político en Quintana Roo ya no estaba en Acción Nacional, se colocó el chaleco guinda, juró amor eterno a la Cuarta Transformación y quiso presentarse como una fervorosa defensora del movimiento que antes combatía.
No fue conversión ideológica.
Fue supervivencia política.
Atenea no cambió de convicciones porque, aparentemente, nunca las tuvo. Cambió de partido, de discurso y de aliados conforme lo exigía su conveniencia.
Ahora que su futuro político se reduce, vuelve a sacar la esencia panista y comienza a actuar en sentido contrario a los principios que Morena dice defender.
Cuando ya no existe candidatura que perseguir, se termina la simulación.
Y cuando se termina la simulación, aparece la podredumbre.
Tortugas muertas y una alcaldesa ausente
El primer golpe reciente contra su gobierno fue la muerte de cerca de cien crías de tortuga marina que, según las denuncias difundidas, quedaron atrapadas sin poder llegar al mar y expuestas directamente al calor.
No fue una tragedia natural.
Fue una presunta cadena de negligencias, omisiones y falta de vigilancia dentro de un programa municipal que durante años ha sido utilizado como escaparate turístico y propagandístico.
Las tortugas sirven para la fotografía oficial, para los boletines y para que funcionarios se presenten como defensores del medio ambiente.
Pero cuando llegó el momento de protegerlas, nadie apareció.
Mientras los quelonios morían, Atenea Gómez se encontraba de vacaciones y permanecía extraviada de la vida pública municipal.
Hasta ahora no ha ofrecido una explicación suficiente sobre quién era responsable del resguardo, qué protocolos fallaron, cuántos servidores públicos estaban asignados, quién supervisaba el corral y qué sanciones se aplicaron.
Su silencio no resuelve responsabilidades.
Las agrava.
En materia ambiental no basta decir que se trató de un accidente. La autoridad tiene el deber jurídico de prevenir, vigilar y actuar diligentemente, sobre todo cuando se trata de especies protegidas.
Si hubo omisión, negligencia o incumplimiento de protocolos, deben intervenir las autoridades ambientales competentes y determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
El gobierno municipal como instrumento de presión
Al escándalo ambiental se sumaron denuncias públicas sobre una supuesta red de extorsiones contra empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de Isla Mujeres.
El asunto no surgió de un comentario anónimo ni de una publicación sin rostro.
Una denuncia ciudadana fue expuesta públicamente y llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En ella se señaló al secretario general del Ayuntamiento, Hugo Sánchez Montalvo, como uno de los presuntos operadores de actos de presión, clausuras y cobro de cuotas contra contribuyentes.
También fue mencionado el síndico municipal José “Pepe” Aguilar.
De acuerdo con los señalamientos, Hugo Sánchez y José Aguilar serían quienes presuntamente emitirían instrucciones para clausurar establecimientos y exigir determinadas cantidades a empresarios locales.
La denuncia sostiene que Hugo Sánchez, desde la Secretaría General, utilizaría a la Policía Municipal y a elementos de Protección Civil para acudir a los negocios, intimidar a los propietarios y ejercer presión mediante inspecciones o amenazas de clausura.
Por su parte, José Aguilar, en su calidad de síndico y representante legal del Ayuntamiento, tendría intervención en asuntos relacionados con la Tesorería y la fiscalización, dando cobertura institucional a determinadas actuaciones administrativas.
En esta trama también ha sido mencionado Miguel Moreno, exdirector de Fiscalización y personaje vinculado políticamente con Julián Ricalde Magaña.
De acuerdo con versiones políticas que circulan en la isla, este grupo estaría operando actualmente en favor de Rafael Marín Mollinedo.
La respuesta del Ayuntamiento fue un supuesto comunicado que carecía de elementos mínimos de formalidad institucional.
El documento únicamente mostraba el logotipo del gobierno municipal, sin nombre del funcionario responsable, firma, folio, sello, membrete completo ni datos que permitieran conocer qué autoridad asumía su contenido.
En estricto sentido jurídico, ello no significa automáticamente que el documento sea “nulo”, porque un comunicado de prensa no constituye necesariamente un acto administrativo que deba reunir requisitos formales de validez.
Pero sí demuestra algo políticamente grave: improvisación, ausencia de seriedad y falta de voluntad para enfrentar directamente las acusaciones.
Cuando una autoridad es señalada por posibles extorsiones no responde con un volante anónimo.
Responde con nombres, expedientes, información verificable, auditorías, procedimientos internos y denuncias ante las instancias correspondientes.
¿Quién ordenó elaborar ese comunicado?
¿Quién se responsabiliza por su contenido?
¿Existe alguna investigación interna?
¿Fueron separados temporalmente los funcionarios señalados?
¿Se revisaron las clausuras ejecutadas durante la administración?
¿Se investigó el posible uso de la Policía Municipal, Protección Civil, Fiscalización y Tesorería para presionar a comerciantes?
Nada de eso ha sido explicado.
Atenea Gómez Ricalde no ha dicho esta boca es mía.
Mientras ella calla, sus colaboradores se desviven en halagos y muestras de respaldo hacia quien les dio un cargo y les permite vivir del presupuesto municipal.
Las focas aplaudidoras pueden llenar las redes sociales de mensajes de apoyo, pero no pueden borrar una denuncia nacional, devolver la vida a las tortugas ni sustituir una investigación.
Nos refieren que existirían carpetas de investigación o actuaciones en instancias estatales y federales relacionadas con temas ambientales y posibles actos de extorsión.
Porque clausurar arbitrariamente negocios, utilizar áreas municipales para intimidar contribuyentes o exigir pagos indebidos no constituye una simple irregularidad administrativa.
Dependiendo de las conductas y las pruebas, podría implicar responsabilidades por abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, cohecho, extorsión o delitos cometidos contra la administración pública.
Atenea todavía tiene la oportunidad de responder, transparentar expedientes, ordenar auditorías, deslindarse de sus funcionarios y permitir que las instituciones actúen.
Pero hasta ahora ha optado por esconderse, guardar silencio y dejar que otros den la cara por ella.
Quizá sabe que ya se le acabó la suerte.
A un año de concluir su administración, los trapos sucios comienzan a salir al sol y el apellido que durante años le abrió todas las puertas amenaza con convertirse en la pesada lápida de su carrera política.
Atenea quiso demostrar que era diferente a los demás Ricalde.
Terminó demostrando exactamente lo contrario.
Su gobierno se encuentra bajo sospecha, su autoridad está desgastada y su futuro político se desmorona.
Porque se puede cambiar de partido.
Se puede cambiar de discurso.
Se puede cambiar el azul por el guinda.
Lo que difícilmente puede ocultarse para siempre es la verdadera naturaleza de quien gobierna.
Y Atenea Gómez Ricalde, finalmente, ya enseñó las uñas.
