BACALAR, 27 de marzo.
Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer una cultura institucional basada en la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos y la erradicación de toda forma de violencia en el ámbito laboral, se llevó a cabo la conferencia magistral denominada “Justicia laboral con perspectiva de género”, dirigida a personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Bacalar e impartida por la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elena Esmeralda González Flores.
En representación del presidente municipal José Alfredo “Chepe” Contreras, la síndica Astrid González Buenfil dio la bienvenida a la Magistrada Elena González Flores y la Magistrada Landy Beatriz Blanco Lizama, quienes estuvieron presentes y fueron reconocidas por su trabajo con perspectiva de género.
La síndica municipal destacó que estas acciones son promovidas en el marco del Día Internacional de la Mujer y el día de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, reafirmando el compromiso del amigo “Chepe” y de su administración para construir espacios laborales y entornos más seguros para todas y todos, donde cada persona se sienta segura, valorada y escuchada.
Se reconoció el trabajo y respaldo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien impulsa un gobierno humanista con corazón feminista, centrado en el empoderamiento económico, la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
La conferencia abordó la violencia laboral con perspectiva de género como un fenómeno que encuentra su origen en desigualdades estructurales profundas, las cuales afectan de manera diferenciada a las mujeres y a los grupos prioritarios.
Como parte de sus diferentes manifestaciones se enlistó el acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual, así como prácticas discriminatorias que limitan el acceso, permanencia y desarrollo en condiciones de igualdad en el empleo.
En otro punto se expusieron las herramientas normativas y prácticas con las que cuentan las instituciones, tanto del sector público como privado, para la prevención, atención, denuncia y sanción de estas conductas, con el objetivo de hacer conciencia para garantizar entornos laborales seguros y respetuosos de los derechos humanos..
