Por Joaquín Quiroz Cervantes
En la política mexicana existen encuentros que son meramente protocolarios y otros que, por su carga simbólica y por el momento que vive el país, adquieren una dimensión mayor.
La reciente reunión en Palacio Nacional entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, pertenece claramente a la segunda categoría.
No se trató de una visita de cortesía ni de una fotografía para la galería. Fue un encuentro de seguimiento, de trabajo y de alineación institucional en torno a proyectos estratégicos para Quintana Roo. Salud, infraestructura y agua potable no son temas menores; son pilares del bienestar social y del desarrollo regional, y justamente sobre esos ejes giró la conversación entre ambas mandatarias.
La propia gobernadora lo sintetizó en sus redes sociales con una frase que revela el tono del encuentro: agradeció el respaldo de la presidenta y destacó el compromiso permanente con el desarrollo social y el bienestar del pueblo quintanarroense.
No es un detalle menor. En política, el lenguaje importa porque refleja las relaciones reales de poder y de confianza.
Y en este caso lo que se observa es una relación política sólida.
Mara Lezama se ha consolidado como una de las gobernadoras más cercanas al proyecto político que encabeza Claudia Sheinbaum. No sólo por afinidad partidista, sino por una coincidencia clara en la visión de gobierno: un modelo centrado en el bienestar social, la inversión pública estratégica y la coordinación estrecha entre los distintos órdenes de gobierno.
Es por ello que Quintana Roo se ha convertido en una entidad clave dentro de la agenda federal. Proyectos de infraestructura, fortalecimiento del sistema de salud y soluciones estructurales para el acceso al agua potable forman parte de una agenda que rebasa lo local y se inserta en la política nacional de desarrollo territorial.
La cercanía política entre ambas mandatarias también es evidente en el plano humano. La cordialidad mostrada durante el encuentro refleja una relación de respeto, camaradería y reconocimiento mutuo.
En el tablero político nacional, Mara Lezama se ha posicionado como la gobernadora mejor evaluada del país y, al mismo tiempo, como una de las aliadas más firmes del proyecto que encabeza la presidenta.
No es casualidad.
En un momento donde la coordinación entre estados y federación define la viabilidad de muchos proyectos públicos, la relación directa entre la gobernadora de Quintana Roo y la jefa del Estado mexicano adquiere un valor estratégico para la entidad.
Cuando esa coordinación se traduce en inversión, infraestructura y políticas sociales que llegan a la gente, la política deja de ser discurso y se convierte en resultados.
Y eso, en términos de gobernanza, es lo que realmente importa.
Entre la dignidad y la censura disfrazada “Ley Mordaza”
Por años, la política mexicana ha desarrollado una habilidad peculiar: intentar vender como protección de derechos lo que en realidad termina siendo un intento de control del escrutinio público.
Y la iniciativa sobre “protección de la propia imagen” que hoy promueve el diputado del Partido del Trabajo Hugo Alday, junto a Ricardo Velasco de Morena y María José Osorio del Verde, cae peligrosamente en esa vieja tentación.
Porque más allá del discurso elegante, del lenguaje jurídico y de los llamados a la “armonización de derechos”, lo cierto es que el planteamiento resulta —cuando se analiza con seriedad— una falacia y, peor aún, un profundo sinsentido en tiempos donde la tecnología ha democratizado la vigilancia ciudadana sobre el poder.
La libertad de expresión no vive hoy únicamente en los periódicos, la radio o la televisión.
Vive en los teléfonos inteligentes, en las redes sociales y en millones de ciudadanos que con una cámara en la mano pueden documentar aquello que antes quedaba enterrado en la impunidad.
Gracias a esa modernidad se han destapado escándalos que de otra forma jamás habrían salido a la luz pública.
Ahí están los videos de políticos recibiendo fajos de billetes; como un exedil de Benito Juárez, el bochornoso episodio de un juez exhibido golpeando a su pareja sentimental; o las imágenes que han circulado en redes mostrando a figuras del poder dándose vida de sultanes en hoteles de lujo.
Ni hablar de personajes como Adán Augusto o Fernández Noroña, captados viajando en primera clase mientras predican austeridad desde la tribuna.
¿De verdad alguien cree que el problema en esos casos es la cámara… y no la conducta?
Pretender ahora envolver en “protección de la dignidad” un marco legal que podría abrir la puerta a limitar la difusión de esos contenidos no sólo es equivocado: es profundamente peligroso.
Porque cuando se habla de limitar la circulación de imágenes en la era digital, inevitablemente se entra en el terreno de la censura. Y la censura siempre termina beneficiando a los mismos: a los poderosos que preferirían que ciertas cosas no se vieran.
No es casualidad que iniciativas de este tipo aparezcan cada cierto tiempo. Hace no mucho vimos algo parecido cuando la diputada Jisel Castro intentó impulsar una propuesta similar que, por fortuna, terminó archivada ante la evidente amenaza que representaba para la libertad de expresión.
Hoy se pretende revivir la idea, maquillarla, envolverla en argumentos técnicos y hasta colocarle transitorios que, según dicen, garantizan que no se afectará al periodismo.
Pero el problema es más profundo: cuando el Estado se arroga la facultad de decidir qué imágenes pueden difundirse y cuáles no, la línea entre la protección de derechos y el control político se vuelve peligrosamente delgada.
Y el pueblo tiene derecho a saber.
Tiene derecho a ver cómo actúan quienes ejercen el poder. Tiene derecho a conocer los excesos, los abusos, las incongruencias y, por supuesto, los actos de corrupción cuando estos ocurren.
La democracia moderna se sostiene en tres pilares: el periodismo libre, la crítica pública y el escrutinio ciudadano. Quitarle fuerza a cualquiera de esos tres elementos es debilitar al sistema democrático.
Por eso resulta difícil tomar en serio la narrativa de que esta iniciativa no busca censurar. Porque, aunque el discurso diga lo contrario, el efecto potencial es exactamente ese: inhibir la exposición pública de quienes, desde el poder, preferirían no ser exhibidos.
En política existe una regla no escrita pero infalible: quien no quiere aparecer en un video escándalo tiene una solución muy sencilla… no protagonizarlo.
Todo lo demás —por más argumentos jurídicos que se presenten— termina siendo apenas un intento de hacerse el “tío Lolo” con la sociedad.
Y la sociedad mexicana, en estos tiempos, ya no es tan fácil de engañar.
Curva peligrosa…
A tambor batiente avanza la instalación de la infraestructura que permitirá la llegada del gas natural al norte de Quintana Roo, un proyecto largamente esperado que comienza a tomar forma con trabajos visibles en Cancún y su zona de influencia. La construcción de esta red energética representa un paso estratégico para modernizar la infraestructura del estado y fortalecer su competitividad.
La llegada del gas natural marcará un antes y un después para destinos clave como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos, no sólo por los beneficios económicos que implica para la industria turística, hotelera y comercial, sino también por su impacto en la eficiencia energética y la reducción de costos operativos.
Se trata de una obra de gran trascendencia para la región, que coloca al Caribe mexicano en una nueva etapa de desarrollo energético, alineada con las necesidades de crecimiento de una de las zonas turísticas más importantes de América Latina. Con esta infraestructura, el norte del estado avanza hacia un modelo más moderno, competitivo y sustentable.
