Por Joaquín Quiroz Cervantes
En política hay errores, torpezas y, de vez en cuando, auténticas aberraciones legislativas.
La iniciativa que pretendían impulsar los todavía diputados locales Hugo Alday, Ricardo Velasco y la diputada del Partido Verde María José Osorio entra sin duda en esta última categoría: un intento burdo, mal redactado y jurídicamente insostenible de restringir la crítica y la exhibición pública de la fauna política en medios digitales.
Dicho de forma clara: una ley mordaza disfrazada de regulación.
Desde el primer momento resultaba evidente que aquella propuesta no tenía pies ni cabeza. No solo por su redacción improvisada, sino por la lógica que la sostenía: proteger a los políticos de la crítica ciudadana en una época en la que la comunicación digital ha democratizado la información como nunca antes en la historia.
Hoy cualquier ciudadano con un teléfono puede documentar abusos, excesos o conductas indebidas del poder. Eso es precisamente lo que incomoda a ciertos personajes que todavía creen vivir en los tiempos del control absoluto del discurso público.
Por eso la iniciativa fue recibida con rechazo inmediato. Periodistas, comunicadores, creadores de contenido y ciudadanos entendieron rápidamente lo que estaba en juego: la libertad de expresión.
Lo más preocupante del episodio es que uno de los principales promotores fue Hugo Alday, quien presume constantemente de conocimientos jurídicos que, a la luz de los hechos, parecen más una narrativa personal que una realidad legislativa.
Basta leer aquella iniciativa para entender que el sustento constitucional era endeble, por no decir inexistente.
No sorprende entonces que su desempeño legislativo haya sido tan gris como improductivo. En política se puede carecer de carisma, de oficio o incluso de talento. Lo que no se puede es legislar desde la ignorancia.
En el caso de Ricardo Velasco, el asunto tampoco ayuda a mejorar una trayectoria política ya de por sí cuestionada.
No es menor recordar que su llegada al Congreso se dio más por las peculiaridades del sistema electoral que por un respaldo contundente en las urnas. Cuando un candidato pierde en las urnas y termina legislando por las rendijas del sistema, suele ocurrir que el sentido de representación ciudadana se diluye.
Quizá por eso algunos políticos sienten la necesidad de blindarse de la crítica pública.
En medio del desastre legislativo, la diputada María José Osorio terminó haciendo lo que sus compañeros no fueron capaces de hacer: reconocer el error.
Su decisión de retirar la iniciativa al menos mostró un mínimo de congruencia frente a una propuesta que ya había sido ampliamente descalificada por el gremio periodístico y la opinión pública.
Y aquí hay que decirlo con claridad: la reacción del periodismo quintanarroense fue determinante. A pesar de las diferencias naturales dentro del gremio, en esta ocasión hubo coincidencia en algo fundamental: la libertad de expresión no se negocia.
Llama la atención, eso sí, el silencio de algunos personajes que en el pasado se rasgaban las vestiduras cuando existía la llamada “Ley Borge” en materia de medios.
Aquellos que entonces se proclamaban defensores absolutos de la libertad hoy prefirieron guardar un silencio bastante conveniente. Los mariachis, como suele decirse, callaron.
El intento de censura terminó exhibiendo más a sus promotores que a quienes pretendían callar.
Y también dejó algo muy claro: en un estado gobernado por Mara Lezama, una mujer que viene del periodismo y que ha defendido históricamente la libertad de expresión, resulta políticamente absurdo intentar impulsar leyes que pretendan limitarla.
La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia. Y cada vez que alguien intenta restringirla, termina ocurriendo lo mismo: la sociedad reacciona, el debate se abre y la censura se derrumba.
Esta vez no fue la excepción.
La llamada ley mordaza no prosperó. No porque sus autores recapacitaran, sino porque la presión pública y el sentido común terminaron imponiéndose.
Y eso, en tiempos donde algunos políticos quisieran volver a controlar lo que se dice y lo que se publica, sigue siendo una muy buena noticia.
Movilidad con rumbo: cuando la política se convierte en soluciones
En la política hay decisiones que pasan desapercibidas y otras que, aunque parecen técnicas, terminan marcando el rumbo de una ciudad. Lo ocurrido en el Cabildo de Benito Juárez no es un trámite menor. La aprobación por unanimidad de las adhesiones a la Constitución de Quintana Roo para garantizar capacidad presupuestal en materia de movilidad y seguridad vial es, en realidad, una jugada política bien operada y con visión de largo plazo.
Cancún no es cualquier municipio. Es el motor turístico del Caribe mexicano, una ciudad que recibe millones de visitantes al año y donde la movilidad se ha convertido desde hace tiempo en uno de los principales desafíos urbanos. Resolver ese tema implica algo más que comprar autobuses o abrir rutas: requiere planeación, coordinación institucional y, sobre todo, voluntad política.
Ahí es donde entra el papel de la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña, quien ha demostrado que la política municipal no solo se trata de administrar, sino de operar acuerdos y construir consensos. La unanimidad alcanzada en Cabildo no es casualidad. Es producto de una estrategia política que privilegia el diálogo y la construcción de mayorías alrededor de objetivos claros.
El acuerdo aprobado forma parte del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), un proyecto que busca ordenar, modernizar y hacer eficiente el transporte público en el estado. En términos prácticos, lo que se está haciendo es blindar constitucionalmente la posibilidad de destinar recursos suficientes para mejorar la movilidad, algo que durante años fue una deuda pendiente en Cancún.
Y si hablamos de visión estratégica, es imposible no mencionar el papel de la gobernadora Mara Lezama, quien desde el inicio de su administración colocó la movilidad como una prioridad estructural para el desarrollo de Quintana Roo. La lógica es clara: una entidad que vive del turismo y que crece a la velocidad que lo hace el Caribe mexicano no puede seguir operando con sistemas de transporte improvisados o rebasados por la realidad.
La gobernadora ha entendido algo fundamental: gobernar también implica ordenar el crecimiento urbano. El modelo que impulsa —con proyectos como MOBI y el desarrollo del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la zona Cancún–Isla Mujeres— busca precisamente corregir los errores acumulados durante décadas de expansión acelerada.
Es por ello que el papel de Ana Paty Peralta ha sido clave. La alcaldesa ha asumido el liderazgo local para aterrizar esa visión estatal en acciones concretas dentro del municipio más importante de Quintana Roo.
Y lo ha hecho con una mezcla interesante de operación política, gestión institucional y cercanía con la agenda que impulsa el gobierno estatal.
No es casualidad que Cancún esté comenzando a hablar de movilidad activa, de priorizar al peatón, de reorganizar rutas y de introducir tecnología en el transporte público. Son temas que hace apenas unos años parecían lejanos para una ciudad que creció más rápido de lo que se planificó.
La política, cuando funciona, sirve justamente para esto: para ordenar lo que durante mucho tiempo estuvo desordenado. Y en este caso, el mensaje es claro. La coordinación entre el gobierno estatal encabezado por Mara Lezama y el gobierno municipal de Ana Paty Peralta está comenzando a traducirse en decisiones estructurales que pueden transformar la manera en que se mueve Cancún.
Porque al final del día, la movilidad no es un asunto técnico: es calidad de vida. Es tiempo que las personas ganan con sus familias, es seguridad en las calles, es competitividad para una ciudad que vive del turismo.
Y cuando la política logra avanzar en esa dirección, deja de ser discurso para convertirse en resultados. En Cancún, al menos en materia de movilidad, esa ruta ya comenzó a trazarse. Y lo hizo con algo que en política no siempre es sencillo conseguir: consenso.
