Por Joaquín Quiroz
El caso de Roberto Borge Angulo entra a una nueva etapa. Después de casi nueve años entre procesos, recursos, audiencias, prisiones preventivas y una maquinaria jurídica que avanzó con la pesadez de un elefante burocrático, el exgobernador de Quintana Roo dejó la mañana del viernes el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos para continuar el último proceso penal que enfrenta bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con fuentes cercanas al exmandatario quintanarroense, luego de la audiencia celebrada por los recursos interpuestos por su defensa, se habrían cubierto las condiciones jurídicas y materiales necesarias para ejecutar la medida cautelar que le fue concedida desde 2023. Borge Angulo será trasladado a un domicilio ubicado en el centro del país, donde permanecerá bajo vigilancia y con un brazalete electrónico.
Roberto Borge continuará enfrentando el proceso relacionado con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La diferencia, nada menor, es que dejará la prisión física para continuar su defensa desde un domicilio autorizado y sometido a las medidas de vigilancia ordenadas por la autoridad judicial.
El movimiento jurídico es relevante porque la principal barrera que mantenía encarcelado al exgobernador era el proceso por delincuencia organizada. Al ser absuelto de ese delito, quedó vigente únicamente la causa en la que desde hace más de dos años ya tenía reconocida la posibilidad de permanecer en prisión domiciliaria.
La defensa tuvo que interponer un recurso de queja ante la demora injustificada para celebrar la audiencia en la que debía verificarse la instalación del brazalete, aprobarse el domicilio y establecerse formalmente las condiciones de vigilancia. Es decir, aun después de obtener resoluciones favorables, Borge permaneció encerrado por la lentitud de un aparato judicial que parecía empeñado en retrasar lo inevitable.
El dato no es menor: cuando una persona obtiene una determinación judicial favorable, la autoridad no puede convertir los trámites administrativos en una prolongación disfrazada de la prisión.
Una medida cautelar no es una condena anticipada y mucho menos puede mantenerse indefinidamente por omisiones, conflictos burocráticos o audiencias que inexplicablemente no se realizan.
Su persecución fue convertida durante el gobierno de Carlos Joaquín González en la gran bandera propagandística de una administración que necesitaba fabricar una narrativa de ruptura con el pasado.
El entonces gobernador encontró en Borge al enemigo perfecto para justificar su llegada, distraer de sus insuficiencias y construir una imagen de supuesto justiciero que los resultados de su mandato terminaron desmintiendo.
Carlos Joaquín el “Chespirito” de la política quintanarroense, por su permanente capacidad de convertir asuntos serios en escenas de tragicomedia— hizo del caso Borge una cruzada personal.
No bastaba con investigar, integrar correctamente las carpetas y permitir que los tribunales resolvieran: había que exhibir, condenar mediáticamente y utilizar cada actuación ministerial como combustible político.
La absolución por delincuencia organizada no significa que todas las acusaciones contra Roberto Borge hayan desaparecido ni que deba decretarse su inocencia política o administrativa por generación espontánea. Significa algo jurídicamente concreto: la Fiscalía no logró acreditar su responsabilidad en uno de los delitos más graves que le fueron imputados.
Y eso desnuda la pésima estrategia jurídica de quienes confundieron justicia con revancha.
Cuando un expediente se construye para satisfacer el ánimo político de un gobernante y no exclusivamente con pruebas sólidas, técnica ministerial y respeto al debido proceso, tarde o temprano aparecen las grietas.
La espectacularidad mediática puede producir titulares, pero no sustituye los elementos probatorios exigidos por un tribunal.
La justicia no debe funcionar para fabricar culpables ni para absolver por consigna. Debe establecer responsabilidades mediante pruebas, procedimientos legales y sentencias sostenibles. Todo lo demás es propaganda, vendetta o simulación.
Roberto Borge ha pasado casi nueve años privado de la libertad desde su detención en Panamá en junio de 2017 y su posterior extradición a México. Durante ese periodo enfrentó expedientes federales y locales, señalamientos públicos y una condena mediática que, en muchas ocasiones, corrió con mayor velocidad que los propios tribunales.
Ahora, su eventual traslado a prisión domiciliaria representa un paso importante en el camino hacia la libertad que ha reclamado su defensa, pero también exhibe las deficiencias de un proceso largo, engorroso y contaminado desde su origen por intereses políticos.
Carlos Joaquín González se encuentra actualmente lejos de Quintana Roo, despachando como embajador de México en Canadá. Sin embargo, las consecuencias de su administración y de sus venganzas políticas siguen pasando por los tribunales.
El tiempo, que suele ser un juez más severo que cualquier tribunal, está colocando cada pieza en su lugar.
Borge no queda exonerado de todo, pero tampoco puede seguir siendo presentado como culpable de un delito del que ya fue absuelto. Continuará sujeto a proceso, deberá respetar las restricciones judiciales, portar el brazalete y permanecer en el domicilio autorizado. Esa es la realidad jurídica, no la fantasía de quienes quisieran mantenerlo encarcelado eternamente para conservar viva una narrativa política agotada.
Lo que sigue será decisivo para saber si el último proceso pendiente cuenta realmente con pruebas suficientes o si también terminará exhibiendo los excesos, improvisaciones y venganzas de una etapa en la que la justicia fue utilizada como instrumento de propaganda.
Por lo pronto, el exgobernador da un paso fundamental: deja atrás los muros de la prisión para continuar su batalla jurídica desde el arresto domiciliario.
Y mientras Roberto Borge se acerca gradualmente a la libertad, la estrategia jurídica construida durante el gobierno de Carlos Joaquín parece encaminarse, expediente por expediente, hacia su propio encarcelamiento histórico: el de los fracasos políticos que ni una embajada, ni la distancia, ni el paso del tiempo podrán ocultar.
Queda para el análisis el cómo el poder judicial federal y estatal cometieron absolutos abusos y fue utilizado como un instrumento para venganzas personales perversas.
Legisladores e impartidores de justicia no previeron que una mente enferma y acomplejada como la de Carlos Joaquín pueda usar su poder en el cargo para usar las leyes en contra de alguien.
Chespirito en Canadá tendrá insomnio y seguirá alimentando su coraje y frustración, mientras que Borge dormirá plácidamente en casa.
