Por Joaquín Quiroz
Este 17 de julio de 2025 no es una fecha menor en la historia jurídica contemporánea de México. Mientras el país dormía, el andamiaje legal despertó con un remezón: once decretos, cinco nuevas leyes, más de 27 ordenamientos reformados y una serie de disposiciones que reconfiguran, desde sus cimientos, el marco jurídico-administrativo del Estado mexicano.
Con apenas unas horas de vigencia, las reformas publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el día de ayer, ya han comenzado a generar lecturas diversas. Para unos, es el inicio de una era de orden, modernización y justicia efectiva; para otros, la antesala de un modelo de vigilancia extendida, centralismo autoritario y erosión de libertades.
Pero vayamos por partes. No se trata de levantar alarmas ni de pintar de rosa lo que debe analizarse con cabeza fría y criterio firme. En tiempos donde el juicio suele ser emocional, la función del periodista es acercarse al hecho con objetividad y profundidad.
El corazón de la reforma: control, orden y digitalización
No es casualidad que muchas de estas leyes toquen temas clave: desaparición forzada, seguridad pública, identidad digital, inteligencia financiera, telecomunicaciones y Guardia Nacional. Estamos frente a un paquete legislativo que no sólo redefine procesos burocráticos o ajusta tecnicismos, sino que replantea el rol del Estado frente al individuo.
La creación de la Plataforma Única de Identidad, la CURP biométrica obligatoria y la capacidad de las fuerzas armadas y autoridades civiles para acceder a bases de datos de manera directa son reformas que, aunque justificadas en la necesidad de eficiencia y seguridad, también exigen un marco de control institucional claro y mecanismos de contrapeso.
La desaparición forzada, una llaga abierta en México, por fin encuentra herramientas robustas para combatir su impunidad: sistemas interconectados, reportes obligatorios, sanciones para quien oculte información y una red digital en tiempo real para rastrear personas. Esto, de aplicarse bien, puede salvar vidas.
La Guardia Nacional, ahora formalmente bajo control de la SEDENA, no sólo fortalece su estructura, sino que profundiza el modelo de seguridad militarizada que ha marcado esta administración. Las opiniones aquí se polarizan: mientras unos celebran eficacia, otros alertan sobre la necesidad de vigilancia civil.
Las luces y sombras de una transformación jurídica
Aplaudir o rechazar en automático estas reformas sería una ligereza. Hay que reconocer que algunas son urgentes y necesarias, como la eliminación de trámites burocráticos absurdos, la creación de una Agencia Nacional de Transformación Digital, el rediseño del sistema de inteligencia para combatir el crimen financiero y las nuevas reglas para sancionar prácticas monopólicas.
Pero también es momento de preguntar:
– ¿Quién auditará el uso de los datos biométricos?
– ¿Qué salvaguardas existen contra el uso político de la información ciudadana?
– ¿Dónde queda la privacidad en un entorno de rastreo permanente?
El ciudadano no debe temer al Estado, pero tampoco debe quedar inerme frente a su poder. Y ahí está el reto: encontrar el equilibrio entre eficacia y respeto a los derechos fundamentales.
¿Una Cuarta Transformación jurídica o un cambio de paradigma absoluto?
La narrativa oficial habla de modernización, justicia, transparencia y eficacia. Y sí, hay avances importantes. Pero también hay un giro de timón que concentra poder en ciertas áreas del gobierno federal, reduce márgenes de acción de estados y municipios, y hace de la tecnología un instrumento de control, no solo de servicio.
Como bien dijo alguna vez un viejo constitucionalista: “El Derecho es el instrumento más noble del poder, pero también el más peligroso si se usa sin vigilancia.”
Hoy más que nunca, México necesita ciudadanía informada, instituciones fortalecidas y medios de comunicación críticos, pero responsables. La ley ya entró en vigor. Ahora toca vigilar su implementación, exigir rendición de cuentas y, sobre todo, garantizar que esta nueva arquitectura legal sea usada para el bien común… y no para vigilarlo.
¿Modernización o vigilancia? ¿Justicia o control? ¿Transformación o sometimiento?
La respuesta no está en los decretos. Está en la forma en que decidamos, como sociedad, vivir y defender nuestras libertades.
